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 «Si hubiera habido alguna llamada o acercamiento por parte del Atlético Baleares y concretamente de Fernando Crespí hubiéramos llegado a un acuerdo. Pero creo que estamos donde ellos han querido que estemos», dijo ayer Miguel Ángel Gómez sobre la solicitud del concurso de acreedores necesario para hacer efectiva la deuda de 200.000 euros que el club tiene con él, además de con otros acreedores.

En declaraciones a Radio Nacional, el ex presidente blanquiazul entiende que al crear la SAD Atlético Baleares, los accionistas conocían la deuda que afrontaba la entidad con distintos acreedores. «Cuando se monta una SAD es por un tema lucrativo. Ellos conocian la deuda y entiendo que asumieron esta responsabilidad».

Gómez, que repite que de haber habido buena intención por parte de los mandatarios blanquiazules se hubiera podido llegar a un acuerdo, deja todo este asunto en manos de su abogado Esteban Siquier. El letrado mallorquín confirma que la solicitud de concurso necesario ha sido aceptado por el Juzgado de lo Mercantil numero 2 y que la jueza del mismo dictó el pasado 26 de marzo un Auto en el que se ha nombrado un administrador concursal quien a partir de ahora tendrá la función de administrar al Atlético Baleares SAD.

Siquier justifica la solicitud de concurso necesario «porque llevábamos ejecuciones sin hacerse efectivas desde 2011 ya que el Atlético Baleares no tiene patrimonio para afrontarlas». Y como no existe patrimonio para cubrir los débitos, para el abogado la única solución es que haya capital o aportaciones de capital. El Atlético Baleares se creo como SAD con un capital social de 1.400.000 euros. «Cuando se constituyó ya estaban estas deudas pero no se quisieron pagar», comenta Siquier, que cree que incluso hay responsabilidad personal en todo el Consejo de Administración.

Para el letrado de Gómez, el futuro del club blanquiazul está claro: «De no hacerse efectivas las deudas o no se aprueba un convenio, el club pasará a liquidación y extinción de la sociedad». A partir de ahora hay dos meses de margen para redactar el informe definitivo. «En estos dos o tres meses si hay voluntad de pagar hay margen para hacerse efectivo o en todo caso hacer un convenio», señala el abogado, para quien el Consejo debe poner soluciones. 
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